Carta de la Ciudades Gobernadas por los Socialistas

III Conferencia Mundial de Alcaldes de la Internacional Socialista, 7-9 de diciembre de 2001

Introducción

La Tercera Conferencia de Alcaldes de la Internacional Socialista ha sido una oportunidad de encuentro, de intercambio de experiencias y de reflexión acerca de la gestión que llevamos adelante en las ciudades que gobernamos como socialistas, socialdemócratas y laboristas. En este documento queremos definir una agenda de cuestiones prioritarias e insoslayables para la consolidación de sociedades más justas y democráticas, así como destacar la importancia de unir nuestras fuerzas como autoridades locales y con nuestros ciudadanos para el logro de esos objetivos.

Vivimos en un mundo en el que el presente se erige con contundencia; todo es aquí y ahora, la actualidad nos enajena y nos acelera. Perdemos la noción de dimensión histórica. El futuro parece insignificante, se desvanece y la política se convierte de este modo en el arte de la repetición sin poder nuestros sistemas políticos diseñar horizontes superadores en el mediano y largo plazo.

La escena contemporánea nos invita a recuperar la centralidad de la política para abrir camino, para pensar y construir futuro. Una sociedad democrática, integrada y solidaria supone compromisos y responsabilidades. Responsabilidades de integrar en condiciones de igualdad de oportunidades a nuestros habitantes en un mundo sustentable.

La euforia neoliberal se está diluyendo porque no tiene respuesta a la creciente exclusión social. Desde lo local tenemos un doble desafío: recuperar la potencialidad de la política y un sentido de pertenencia social integrador, participativo y solidario.

Al adoptar los ideales socialistas iniciamos un viaje que tiene por objeto recrear, modificar y disolver fronteras en un mundo cambiante que nos universaliza a la par que nos singulariza. Como todo viaje, necesita un tiempo en donde las búsquedas serán probablemente contradictorias, algunas veces complementarias y con múltiples significados. También necesita un rumbo alternativo que se aparte de aquel que siendo hegemónico está plagado de pobreza, necesidades insatisfechas, empeoramiento de las condiciones medioambientales, intolerancia, violencia, guerras, terrorismo; para consolidar progresivamente uno respetuoso de la condición humana, que será expresión de voluntades colectivas. Y las ciudades serán el espacio natural de construcción.

La ciudad como actor y centro de decisión política del siglo XXI

El nuevo escenario internacional

Las transformaciones del sistema mundial abren un espacio inédito para la participación de las ciudades en la vida política, económica y cultural internacional. Por ello los socialistas debemos defender el derecho de los gobiernos locales a desempeñar un papel protagónico en esta oportunidad histórica que se nos presenta.

La caída del muro de Berlín en 1989 constituye un punto de inflexión muy significativo que marca un cambio en materia geopolítica a nivel mundial. De un mundo bipolar centrado en un modelo de equilibrio basado en la amenaza y el terror pasamos a uno multipolar que, en materia política, nos ha permitido hacer avanzar y reforzar la democracia. Sin embargo, nos encontramos ante el desafío de transformaruna economía mundial que ha aumentado las desigualdades, tanto al interior de las sociedades como entre las naciones ricas y pobres, en una economía de oportunidades para todos.

Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 nos merecen nuestra más firme y enérgica condena. Repudiamos la violencia y el terror que cobran todos los díasen distintos lugares del mundo víctimas inocentes. Estamos, como familia política, comprometidos en la lucha contra el terrorismo, al mismo tiempo que estamos comprometidos en la resolución de los conflictos que amenazan hoy la paz en cualquier parte del mundo y en la construcción de una seguridad global basada en el respeto a los derechos fundamentales de todos los seres humanos. La lucha contra la pobreza constituye al mismo tiempo una prioridad compartida por todos nosotros para la construcción de un mundo más justo.

Actualmente ha quedado configurado un escenario internacional que presenta un entramado de actores mucho más complejo en el que concurren no solamente los Estados nacionales, sino también las regiones, las ciudades, los organismos transnacionales y las empresas multinacionales junto con la aparición y/o consolidación de otros centros de poder económico - financiero global. Este nuevo orden mundial es la expresión de una profunda reorganización del Estado, la sociedad y la economía.

Asistimos a un proceso de globalización que genera múltiples vínculos e interconexiones entre los Estados y las sociedades que constituyen el sistema mundial; es un proceso multidimensional y complejo en el que se han profundizado y expandido las relaciones políticas, económicas, financieras y culturales entre las diferentes sociedades, proceso que ha sido facilitado por el avance de las nuevas tecnologías y las comunicaciones. Supone un nivel de vincularidad en el que los sucesos o decisiones que se adoptan en un país repercuten más allá de sus fronteras de origen; se desdibujan los límites tradicionales entre los asuntos domésticos y de política internacional, las fronteras se tornan porosas visualizándose dependencias recíprocas más desterritorializadas.

El trasfondo asimétrico de la globalización

La globalizacion es un proceso contradictorio y abierto que no implica un único modo posible de desarrollo. El modelo neoliberal no es la única alternativa para imaginar y construir el desarrollo. Los procesos de integración a la economía global, de intercambio de bienes y servicios, la circulación de capitales, las estrategias de integración social, regional, el uso de las tecnologías, etc., deben replantearse y recrearse de modo alternativo al hegemónico.

Sin embargo, la gran conquista ideológica del neoliberalismo a escala planetaria ha sido presentarse como paradigma único, como opción exclusiva y excluyente a cualquier otro modo imaginable de pensar la sociedad y las relaciones de producción. Las posibilidades de los países para encontrar su espacio en la economía mundial no son homogéneas, hay asimetrías de origen que son insalvables y hay modos diversos de apropiarse de los mandatos de la globalización. No son los mismos puntos de partida los del Africa Subsahariana a los de Australia y Nueva Zelandia; hay capacidades diferenciales que nos obligan a recusar la ilusión formalista de igualdad competitiva en el sistema internacional.

Los siguientes datos nos ilustran al respecto:

• en los países en desarrollo, uno de cada diez niños muere antes de su quinto cumpleaños y la mayoría de estas muertes están relacionadas con el hambre y la desnutrición. De acuerdo a UNICEF mueren 6 millones de niños por año;

• casi 1.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua segura y limpia;

• cerca de 3.000 millones no poseen servicios sanitarios, siendo que en el mundo en desarrollo el 80% de todas las enfermedades son causadas, al menos en parte, por la falta de agua segura y acceso a servicios sanitarios (PNUD, 1995);

• aproximadamente un sexto de la humanidad - 850 millones de personas -es funcionalmente analfabeta;

• un cuarto de la población mundial - 1300 millones de personas- vive en absoluta pobreza con ingresos equivalentes a menos de un dólar diario (Banco Mundial, 1998);

• una de cada 5 personas en países en desarrollo - alrededor de 841 millones de personas - están crónicamente mal nutridos;

• hay 87 países en desarrollo que no producen suficiente alimento para su población y no pueden afrontar el importar el resto (FAO-ONU).

Que muchos de estos escalofriantes problemas sean anteriores a la expansión mundial del capitalismo no es un argumento válido en su defensa, no es un descargo aceptable. La situación en los países en desarrollo es un problema ético. El hambre, las carencias y las enfermedades se producen y reproducen en un contexto en el cual los recursos y medicamentos son potencialmente suficientes para todos pero están disponibles sólo para un porcentaje muy bajo de la población mundial. El mercado ha demostrado sus limitaciones para regular lo social y lograr la distribución equilibrada de los beneficios económicos.

El proceso en curso es mucho más complejo de lo que parece. Se tiende a una fuerte concentración de la riqueza y a un recrudecimiento de las desigualdades estructurales de nuestras sociedades. Este estilo de globalización separa a quienes han encontrado un lugar en el mercado global de quienes no lo han logrado. La lógica económica imperante pone entre paréntesis a la condición humana, instituyéndose en un fin en sí mismo, a la vez de promover relaciones menos solidarias entre los pueblos.

Como socialistas debemos alzar con más fuerza que nunca nuestra voz para señalar estas injusticias a la vez de reaccionar activamente en la construcción de alternativas innovadoras.

El nuevo papel de las ciudades

Los espacios locales se han revalorizado frente a un Estado nacional debilitado, que se ha retirado de sus funciones productivas y sociales. Paradójicamente, en medio de una devaluación de lo público, los gobiernos locales enfrentamos día a día la lucha por la defensa del interés colectivo, posibilitando relaciones de proximidad mayores entre los gobernantes y los ciudadanos. Aparecen oportunidades estratégicas para la acción: lo local permite refundar la ciudadanía y plantar la semilla de una sociedad más justa y solidaria. La ciudad se transforma en un actor central en la política doméstica e internacional.

El nuevo perfil de las ciudades requiere que los gobiernos locales asuman la promoción de la actividad económica local y regional y la generación de empleo, la modernización del Estado y la participación ciudadana, la preservación del medio ambiente urbano, la inclusión social y el desarrollo de una sola ciudad para todos los ciudadanos, el desarrollo cultural, científico y tecnológico y la integración regional. Requiere además tener la capacidad de vincularse y compartir experiencias con otras ciudades.

En particular, la acción local tiene muchas ventajas en lo que hace a la calidad de vida de la gente. La salud, la educación, la lucha por la inclusión, la seguridad, el medio ambiente son cuestiones que necesariamente deberán ser abordadas desde el nivel local para acercar las intervenciones a las necesidades de los ciudadanos. Y también para rendir cuentas, ya que el Estado municipal es una cara más concreta, real y visible.

El reto, entonces, es asumir un liderazgo en el proceso de hacer mejores ciudades. El desafío de las ciudades gobernadas por socialistas es ser promotoras de cambios sustanciales en los paradigmas políticos hegemónicos, tanto en la definición de grandes orientaciones y prioridades para las políticas públicas, como en la capacidad ejecutiva para resolver los graves problemas que enfrentan nuestras ciudades día a día.

En este contexto la lucha por la consecución y el aumento de las autonomías locales debe ser llevada adelante con más ahínco que nunca, tanto por la presencia de viejos y nuevos problemas sociales que reclaman de la atención del Estado local, así como por nuestra profunda convicción de la necesidad de perfeccionar desde la base la calidad y capacidad de las instituciones de gobierno. Escuchamos a diario golpear las puertas de nuestras municipalidades, ayuntamientos y alcaldías a ciudadanos que se acercan con peticiones tan justas como urgentes. Como socialistas no queremos y no haremos jamás oídos sordos. Estamos cansados de escuchar sobre la incompetencia jurisdiccional o las meras restricciones normativas: necesitamos herramientas, precisamos de un nuevo marco legal que nos otorgue la libertad necesaria para actuar con celeridad y compromiso. Creemos que todo esto no puede ser logrado más que con una verdadera y plena autonomía local.

 

La autonomía local

El siglo XXI consolidará el perfil urbano del siglo XX. Lo que suceda en este siglo con nuestros valores más sentidos -la democracia, la solidaridad, la igualdad y el desarrollo- dependerá en gran medida de lo que suceda con ellosen las ciudades. La lucha por la autonomía de las ciudades nos permitirá dar un paso decisivo en la construcción de un siglo en el cual nuestros valores humanistas de siempre se concreten.

Debemos ahora definir o precisar lo que, para los socialistas, es la Autonomía Local. Es crucial que entendamos la importancia de este acto evitando caer en la repetición de formas y significados vacíos. Para ello recurriremos a los diferentes aportes realizados por las asociaciones de gobiernos locales. No pretendemos con esto añadir simplementeuna definición a las tantas otras de las que ya disponemos. Más allá de las cuestiones terminológicas, cualquier definición que se quiera será buena para un socialista en tanto haga del ciudadano el actor que conduce efectivamente el destino de la comunidad a la que pertenece. Reconociendo como antecedente inmediato el manifiesto de la Conferencia de París (25 de abril 1999, Unión de los Electos Locales y Regionales Socialistas de Europa), proponemos definir la Autonomía Local como: "La capacidad de los ciudadanos de definir libremente las prioridades políticas de su localidad y el derecho a disponer y crear recursos para la concreción de las mismas".

Acostumbrados a pensar la política en términos de Estado—Nación, surgen enormidad de reparos al proponer dar semejante importancia política a lo local. Sin embargo creemos firmemente que en esta dirección habrá que ir si queremos seguir trabajando por la democracia y la igualdad en un contexto de globalización y regionalización.

Hay dos ideas fundamentales que nos ayudarán a entender y emprender esta enorme tarea. La primera de ellas es una definición del status de la comunidad local que ya fue adoptada en la Carta de la Autonomía Municipal Iberoamericana, aprobada en Caracas, Venezuela, el 22 de noviembre de 1990 por representantes de municipios iberoamericanos: "Los municipios constituyen una sociedad natural, formada por cuerpos vivos, anteriores a la voluntad del Estado, cuya existencia se reconoce en nuestros días como institución político social de participación popular, democrática y autónoma."

Siendo el municipio una realidad sociológica y política "natural", "viva" y "anterior a la voluntad del Estado", su derecho a la autodeterminación política no depende del capricho o la buena voluntad del Estado Nacional o Provincial en cuestión. La Autonomía Local es un derecho inalienable que ningún poder superior puede anular, y en caso de no ser reconocido es un derecho vulnerado.

Esto se relaciona con la segunda idea necesaria, que es la de "democracia de proximidad". La misma es adoptada en los Documentos de la Primera Conferencia de Alcaldes de la Internacional Socialista (Boloña 1995) donde se expresa que "La democracia de proximidad constituye la profundización indispensable de la democracia representativa, la condición esencial de su supervivencia"

Esta es una idea presente ya en la importante Declaración Universal de Autonomía Local (XXVII Congreso Mundial IULA) donde se expresa en su Artículo 3.1 que "Las responsabilidades públicas deben ser ejercidas por aquellas unidades básicas de gobierno local más próximas a los ciudadanos" y en la Carta Europea de la Autonomía Local donde se afirma que "El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos."

Los gobiernos locales deben ser la primera opción en cada atribución de las responsabilidades públicas que les atañen, no sólo por lograr una mayor eficiencia sino porque esto constituye un derecho básico de los mismos. Todo aquello que afecte a lo local debe ser atribución del poder municipal y sólo por defecto (cuando éste no pudiera cumplir adecuadamente) ser derivado a gobiernos superiores. Es a partir de los gobiernos más próximos y hacia los más lejanos que las responsabilidades originarias pueden ser eventualmente delegadas y no viceversa. Estos son pues los dos principios fundamentales a partir de cuya efectivización podremos lograr realmente que los ciudadanos puedan darse sus propios fines políticos y concretarlos.

Por otra parte no podemos dejar de mencionar la enorme relación y dependencia mutua que la lucha por la Autonomía Local tiene con las otras corrientes de "democratización de la democracia", como ser los esfuerzos por lograr una mayor y mejor participación ciudadana y una más profunda descentralización. Ya vemos que en la Carta de la Autonomía Municipal Iberoamericana se expresa que "La existencia de estructuras locales democráticas, autonomía municipal y descentralización, requieren la incorporación de los ciudadanos a los procesos de gobierno y a la gestión municipal, por lo que deben facilitarse las vías y los cauces para una participación ciudadana efectiva." A esto podemos agregar el aporte de la Carta Europea de la Autonomía Local que afirma que "La defensa y el reforzamiento de la autonomía local en los diferentes países de Europa representan una contribución esencial en la construcción de una Europa basada en los principios de democracia y descentralización del poder".

Sabemos que la Autonomía Local es el paso más grande y decisivo que puede y debe darse en el esfuerzo descentralizador basado en la aplicación del principio de subsidiariedad, mientras que a su vez lo realimentará enormemente. Estamos convencidos de que la Autonomía Local se potencia con una mucho mayor participación ciudadana, a la vez que puede darle a esta última una dimensión inédita que no conseguiría jamás en el ámbito nacional.

La autonomía local es un proceso de maduración política progresiva cuyo contenido no se define por decreto o en el claustro de los gabinetes sino es expresión de la historia de los pueblos. Supone la decisión política de entregar poder pero también de estar dispuestos a asumir poder. Es producida por actores políticos y sociales en un momento histórico y en un espacio - las ciudades - determinado. Sabemos que este esfuerzo es sumamente importante para poder comprender dónde estamos parados y a lo que aspiramos en materia económica, financiera, administrativa, política e institucional en cada una de las ciudades gobernadas por los socialistas.

Las ciudades hemos alcanzado diversos grados de autonomía; de lo que se trata es de profundizarla. No importa cuan lejos estemos aún de conquistar este desafío. Cuando este siglo que hoy comienza esté terminando, los socialistas deberemos poder decir: "Por este ideal hemos andado este largo trecho, y por él deberemos caminar aún más."

Dimensión política

Las ciudades deben en primer lugar disponer de la capacidad de darse sus propias autoridades sin que ningún otro poder se inmiscuya, basada en la voluntad popular y las prácticasdemocráticas. Incluye la potestad de los ciudadanos de destituir a gobiernos locales conforme a derecho.

Los poderes locales deben tener la capacidad de darse su propia carta orgánica, su norma fundamental. Sólo así podrán elegir libremente la forma en la que se organizan y se dan un sistema de gobierno adecuado para la consecución de sus propias prioridades políticas. En este sentido se enriquece el alcance de la autonomía incorporando el principio de autonormatividad constituyente. Este verdadero derecho a la innovación política es un elemento fundamental para que la participación ciudadana encuentre nuevos rumbos. Las ciudades autónomas deben promover espacios donde se ensayen los mejores mecanismos de participación, es aquí donde surgirán las mayores reservas de energía política para afrontar el nuevo siglo.

La autonomía exige un ámbito de competencias propias. Como ya se ha dicho en la Declaración de Cartagena es necesario "reservar constitucionalmente un ámbito de competencias, no susceptible de limitación por el legislador ordinario, delimitado por los intereses que le sean naturales y propios". De esta forma las constituciones nacionales deberán hacer valer mediante la delimitación de las competencias del gobierno local el status del municipio como una realidad sociológica y política "natural", "viva" y "anterior a la voluntad del Estado". Es decir que debe darse a los municipios materia propia respecto de todo aquello que lo afecta mientras no esté por encima de sus posibilidades o que por su propia naturaleza necesite de la participación de un poder de orden superior.

Es indispensable también que los gobiernos locales tengan una participación adecuada en todos los procesos de toma de decisiones de gobiernos de orden superior que los afecten directamente. Asimismo, los controles por parte de los gobiernos de orden superior respecto de los gobiernos locales deben ajustarse a lo establecido por la Constitución.

Dimensión económico - financiera

Los gobiernos locales deberán estar dotados de niveles suficientes de recursos económicos y financieros. Tal como dice la Declaración Universal sobre la Autonomía Local, no sólo se trata de contar con los recursos adecuados sino de poder disponer libremente de ellos, dentro de la ley pero sin injerencias ni intromisiones arbitrarias.

Si sostenemos la naturalidad y la preexistencia de lo local con respecto al Estado Nación/Región, y estamos dispuestos a que los gobiernos locales asuman todas las competencias de las que pueda hacerse cargo eficientemente, debemos estar también dispuestos consecuentemente a garantizar recursos en igual medida y según los mismos principios.

Cada gobierno local podrá definir la generación de recursos propios que le permitan alcanzar financieramente los objetivos políticos priorizados para la satisfacción de las necesidades ciudadanas. Por otra parte, deberá guardar correlación la masa de recursos derivados por los órganos centrales con las nuevas funciones delegadas y las responsabilidades asumidas.

Por todo ello, la autonomía local a alcanzar no supone un poco más de acceso al crédito, o la transferencia de algún servicio público, o algún punto porcentual más en el reparto de los recursos impositivos. Nosotros debemos aspirar a grados crecientes de autonomía en las ciudades gobernadas por socialistas; debemos proponernos un grado de autodeterminación política y financiera que habilite a los ciudadanos a regir efectivamente sus destinos.

Asociaciones y redes de ciudades

El nuevo escenario internacional le otorga a las ciudades una destacada oportunidad para participar de la construcción de un mundo más integrado y solidario que se contraponga al modelo neoliberal vigente, plagado de injusticias, horror y alejado de la gente.

Las posibilidades de participación de los gobiernos locales en la regulación de un mundo más justo y solidario van de la mano de la capacidad de los mismos en la consolidación de asociaciones y redes que potencien su posicionamiento en el proceso de globalización.

Se trata de generar instrumentos que faciliten las acciones de cooperación e intercambio entre ciudades por sobre los de confrontación. La consolidación progresiva de organizaciones de ciudades a escala nacional, regional e internacional posibilitará plantarse contrahegemónicamente a las tendencias dominantes, maximizando las opciones de desarrollo, autonomía e identidad local.

Para los socialistas las autonomías locales se refuerzan en la articulación solidaria con otros poderes públicos. Desde nuestras ciudades hemos apoyado activamente el proceso de unificación de IULA y de FMCU en la construcción de una Organización Mundial de Gobiernos Locales lo suficientemente fuerte y legitimada para potenciar acciones de gobierno que promuevan la paz, la justicia y el desarrollo sostenible. Asimismo, hemos asumido y seguiremos asumiendo la corresponsabilidad en la consolidación de redes de ciudades, que resultan un apoyo imprescindible para quienes creemos en el valor de la cooperación y el desarrollo de políticas internacionales de ciudades. Tal es el caso de la Red URBAL, impulsada por la Unión Europea, y de la experiencia latinoamericana de la Red de Mercociudades, las cuales vienen realizando una labor destacable en la provisión de instrumentos técnicos y metodológicos para la gestión local.

La complejidad de los problemas sociales que deben enfrentar los gobiernos locales exige el desarrollo de mecanismos de cooperación, que más allá de la comunión ideológica, posibiliten aproximar objetivos políticos entre ciudades. Como socialistas debemos bregar por el reconocimiento de las asociaciones y redes de ciudades tanto por los gobiernos nacionales como por los organismos internacionales.

 

La ciudad como promotora de la solidaridad, la inclusión y la integración

La cuestión de los valores

Estamos inmersos en una profunda crisis de valores. En estos momentos de crisis, es importante que nuestras ciudades se identifiquen con valores plurales, es decir encontrar valores ciudadanos: que identifiquen a los ciudadanos y con los que los ciudadanos se sientan identificados. La ciudad debe permitir a sus habitantes ser productores de su historia y encontrar una síntesis entre los valores colectivos y su propia identidad en un contexto de pluralismo y tolerancia.

Al hablar de los valores, no podemos hablar en abstracto, debemos relacionarlos con la realidad concreta de nuestras ciudades y de las ciudades que aspiramos tener. Nos preguntamos ¿qué valores construyen la ciudad y cuáles la destruyen? Por una parte, la ciudadanía y la convivencia señalan algunos límites y posibilidades: si pretendemos construir ciudadanía y convivencia promoveremos ciudades abiertas, equilibradas, que permitan a sus habitantes opciones de vida, de trabajo, de acceso a la cultura. Ciudades solidarias, donde gente diversa pueda sentirse bien, donde los espacios públicos se vivan como espacios de todos y no como tierra de nadie, donde se ejercite el respeto por el otro, se potencien las iniciativas de los grupos y organizaciones y se atienda especialmente a aquellas personas o comunidades que se encuentran en situación de desprotección.

Para ello es necesario contar con ciudadanos responsables y fomentar el civismo como un conjunto coherente de criterios compartidos para vivir en sociedad. Participar colectivamente de ello posibilitará que coexistan elementos articuladores de convivencia social basados en principios universales que enriquecen a nuestros sistemas democráticos de gobierno.

La ciudad como productora de ciudadanía

Nuestro desafío es concebir a las tradicionales poblaciones-objeto de política como poblaciones-sujeto de derechos. Pero los derechos existen porque existe una sociedad. La cuestión de los derechos nos convoca entonces a fortalecer las redes sociales, de las cuales surgen y sobre las cuales se sostienen los derechos humanos. Los derechos se arraigan con mayor fuerza en la comunidad cuanto más sólida es la trama social. Los gobernantes socialistas creemos que para llevar a la práctica el fortalecimiento del tejido social y hacer realidad el ejercicio de la ciudadanía, debemos primero entender a las personas como sujetos de derechos, que cumplen un papel protagónico activo en las políticas públicas de la ciudad y no son meros receptores pasivos.

Los municipios son actores fundamentales en el proceso de creación y recreación del espacio urbano. En las ciudades gobernadas por socialistas debemos asumir la responsabilidad de construir una ciudad integrada e integradora, no dual, o con diferentes ritmos de desarrollo. Nos toca desempeñar nuevos roles, brindar nuevos servicios antes reservados a los gobiernos centrales o regionales siendo ello un desafío y a la vez una oportunidad para la acción innovadora fundante de ciudadanía social.

Promovemos la igualdad de acceso a los servicios; igualdad de acceso a las distintas esferas de contención social, no sólo inspiradas a partir del esfuerzo estatal, sino también producidas y sostenidas por la propia voluntad comunitaria. Para ello debemos diseñar estrategias para recuperar y reconstruir en aquellos grupos que padecen la exclusión social, un horizonte de contención simbólica, social, cultural y económica, que el tejido social o el mercado ya no les proporciona.

Desde nuestros gobiernos municipales seguramente no podremos transformar la estructura que causa la pobreza y desigualdad, pero sí se pueden hacer más eficientes los mecanismos para garantizar la accesibilidad en forma equitativa a los beneficios de la ciudad. Gobernar reconociendo en el otro a un sujeto y garantizar que todos accedan por igual, con eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos. La eficiencia de nuestras acciones está estrechamente relacionada con la igualdad.

La ciudad como espacio de integración

La sociedad ideal no existe. Es un horizonte que implica un proceso de lucha y construcción. Las ciudades gobernadas por socialistas estamos comprometidas a trabajar por principios que reconozcan, respeten e integren a las minorías étnicas, religiosas y sexuales. De esa manera estamos respetando la diversidad de un modo positivo e integrador.

Asistimos a un momento histórico de la humanidad en el que la intolerancia se presenta como signo de época. No podemos admitir la superioridad de una cultura, etnia o religión por sobre otra. Debemos respetar los valores ajenos, la pluralidad y la diversidad; ello enriquecerá a los individuos y a las ciudades en las que vivimos.

Desde nuestras ciudades debemos marcar una diferencia: la superación de las situaciones de discriminación y subordinación de la mujer. Nuestras políticas deben incorporar componentes de género que posibiliten la integración de la mujer en igualdad de condiciones en los procesos de desarrollo económico, político y social. Deben reconocer y proteger a las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derecho. Tenemos la certeza de que una ciudad apta para los niños es digna de ser vivida por todos sus habitantes. De esa manera expandiremos el principio de ciudadanía e incorporaremos a las ciudades en la institucionalización de mecanismos e instrumentos tendientes a generar políticas de protección integral. Tenemos la responsabilidad de oír a nuestros niñas y niños. Ellos tienen derecho a ejercer sus derechos en el presente, sin esperar al futuro.

Nuestras ciudades deben igualmente atender las necesidades de las personas con discapacidad, superando las barreras de exclusión física que limitan su plena integración.

Asimismo, la promoción de un ejercicio pleno de ciudadanía incluye a los jóvenes y las personas mayores. Nuestros gobiernos deberán ofrecer oportunidades para la inserción de los jóvenes promoviendo acciones que faciliten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación y al crédito. En cuanto al colectivo de personas mayores debemos velar por su protección, seguridad y subsistencia.

Los inmigrantes merecen una consideración particular. La circulación de personas en búsqueda de mejores oportunidades de vida, generalmente producto de la exclusión que padecen en sus lugares de origen, ha generado una importante dinámica migratoria a nivel mundial. Nuestras ciudades deben aprovechar positivamente las oportunidades que presenta este proceso desarrollando acciones de integración que potencien la cohesión social y la tolerancia. No se trata de asimilarlos a la identidad cultural local sino por el contrario respetar su propia identidad con sentido de pertenencia a una sociedad común que los incorpora en igualdad de condiciones al mundo del trabajo, de la producción y la cultura. Creemos necesario que aquellos países que no lo han hecho, reconozcan el derecho a voto a los inmigrantes legales para elegir y ser elegidos a cargos representativos locales.

Tenemos la responsabilidad de coadyuvar a la regularización de la situación migratoria de las personas. La condición de clandestinidad los sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad. Asimismo desde el punto de vista del diseño equilibrado de nuestras ciudades, los migrantes nos enfrentan a la problemática de una urbanización precaria. Nuestras ciudades muchas veces no pueden ofrecer oportunidades dignas de vida a quienes llegan en busca de sustento. El asumir y regularizar esta nueva realidad depende de nosotros y de nuestra capacidad de cooperación entre países más que de respuestas coactivas. Debemos globalizar la solidaridad a la vez de generar mejores condiciones de vida en los países de origen.

La participación ciudadana como mecanismo de integración social

La participación implica un proceso de transformación de las personas, brindando espacios de intercambio y de crecimiento que alientan la valoración de la identidad personal, de la dignidad como miembro de un grupo y de la apropiación de bienes colectivos. Un medio concreto para alentar esta transformación hacia la participación generadora de ciudadanía es la recuperación de los espacios públicos y la promoción de acciones para la convivencia. Trabajamos para ello cuando desarrollamos acciones colectivas o particulares que apunten a mejorar los hábitos ciudadanos, desde el goce del espacio, el respeto por el otro y la generación de vínculos. El espacio público y cívico nos obliga a relacionarnos y de esa relación surge la participación promotora de una integración basada en los derechos.

Simultáneamente, la participación produce una transformación de la sociedad. Diversas experiencias de trabajo participativo en nuestras ciudades demuestran que la participación ciudadana es un excelente mecanismo de integración social. Los proyectos sociales participativos son más eficaces, ya que permiten incorporar al diseño de las acciones las verdaderas prioridades de las poblaciones. Permiten que la gente se apropie de los proyectos y que se convierta en la mejor defensora de su continuidad. La participación ciudadana en los proyectos de la ciudad promueve las capacidades de las comunidades y crea bases a favor de la sustentabilidad de los proyectos.

¿Cómo distinguir la participación que promovemos los socialistas de los discursos y prácticas imperantes sobre la participación? Nuestra concepción está relacionada con una verdadera revolución que logre cambiar la cultura burocrática actual, explícita o implícitamente contraria a la participación, por una cultura realmente dispuesta a promoverla y a aprender a construirla y sostenerla. Para nosotros, una participación diferente es la que promueve derechos sociales y capacidades ciudadanas; la que apunta a mejorar la calidad de las políticas públicas y la que permite nutrir la democracia con más democracia.

Al mismo tiempo de la necesidad de profundizar la participación social debemos impulsar desde nuestras ciudades procesos de descentralización del poder. La descentralización implica una nueva forma de abordar los asuntos públicos. Un estilo de gobierno a través del cual los funcionarios se colocan al alcance de los ciudadanos en igualdad de condiciones. Un proceso colectivo llamado a desmitificar la complejidad de la función pública, devolviéndole su necesaria dimensión humana.

Hoy en día es necesario democratizar y aproximar nuestros gobiernos volviendo a la familia, a la escuela, al barrio, a la calle, a los espacios públicos como facilitadores de lazos sociales integradores que promuevan un mayor sentido de pertenencia y refuercen las identidades colectivas pacificando el espacio social. En este reto la ciudad aparece, toma cuerpo y relevancia, como el territorio más apropiado.

Hay que producir políticas destinadas a incorporar a un mismo espacio simbólico, a un mismo espacio urbano, a la ciudadanía recuperando sus diferencias. El mercado no es capaz de construir una sociedad más justa con mayor equidad distributiva. En nombre de la competitividad se sustentaron políticas que agudizaron las tensiones y conflictos sociales. El mercado no puede ser garante de la gobernabilidad democrática ni definir por sí solo el horizonte de desarrollo de una sociedad. Por ello es necesario que para la identificación de los problemas sociales como así también en la elección de las estrategias políticas concurran el Estado en todos sus niveles, las Organizaciones de la Sociedad Civil y los ciudadanos. No podemos simplificar las cuestiones, a problemas multicausales y complejos le corresponden respuestas - en este caso políticas públicas - plurales y coordinadas.

La ciudad como impulsora del desarrollo sostenible y gestora de recursos

Crecimiento de las ciudades y sustentabilidad ambiental

Las ciudades gobernadas por socialistas, que entendemos que es prioridad de nuestra gestión atender las necesidades y problemas reales de la gente, tenemos ante nosotros el gran reto de superar las limitaciones impuestas por el modelo económico hegemónico. Los problemas ambientales no están aislados, sino íntimamente relacionados con la economía, los hábitos y costumbres, la salud, la cultura.

En nuestros espacios locales luchamos cotidianamente por combinar de manera armónica el desarrollo económico y el desarrollo social, la conservación y el cambio, con un criterio de sustentabilidad. Según la definición del Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (1994): "El desarrollo sostenible es aquel que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y sociales de los que depende la oferta de esos servicios".

Los problemas ambientales de nuestras ciudades nos convocan a poner en funcionamiento mecanismos de cooperación entre municipios: no podemos resolver nuestros problemas ambientales urbanos perjudicando a nuestros vecinos. Tampoco se pueden resolver en forma fragmentaria. Necesitamos un abordaje integral e integrador de visiones sectoriales para lograr mejores impactos.

Simultáneamente, la cuestión ambiental necesita de la cooperación entre los diferentes actores locales. No es un tema exclusivo de las autoridades, sino más bien un tema particularmente sensible al trabajo participativo. Entre todos podemos transformar nuestras ciudades en lugares limpios, donde haya desarrollo y no destrucción, donde equilibremos las condiciones de vida entre zonas rurales y urbanas, donde manejemos la gestión de los residuos, la disponibilidad de agua potable y la conservación de nuestros recursos.

Herramientas económicas locales

Como lo hemos planteado, los procesos de reestructuración global sitúan a las ciudades en el desempeño de nuevos roles; los gobiernos locales estamos desarrollando transformaciones institucionales, sociales y económicas que se orientan a mejorar la calidad de los servicios urbanos. Uno de los temas preocupantes que marca la agenda y cobra una profunda relevancia es la naturaleza del financiamiento del Estado municipal.

Debemos aspirar a tener una política de justicia tributaria que nos permita producir recursos conforme a las responsabilidades y las funciones que desempeñamos. La posibilidad de suficiencia de recursos exige asimismo una administración pública eficaz y eficiente con modernos sistemas fiscales que promuevan el control ciudadano en la asignación de los recursos como también criterios democráticos en la definición de las prioridades de asignación presupuestaria.

El reforzamiento y redefinición de las potestades financieras de los gobiernos locales debe darse respetando pautas de solidaridad entre las ciudades. Las instancias nacionales y regionales concurren en esa tarea distribuyendo recursos coparticipables que operan como complemento de los recursos propios u originarios.

El desarrollo económico de las ciudades no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos locales. Hay condicionantes de política nacional e internacional que afectan la dinámica de los factores económicos y la creación de empleo productivo. Las ciudades gobernadas por socialistas debemos impulsar nuevos instrumentos que promuevan capacidades sociales, sirvan al desarrollo de la persona y se sustenten en principios de justicia.

Se trata de promover desde las ciudades la iniciativa pública y la privada en la actividad económica. Cuando pensamos en el desarrollo sustentable de una ciudad debemos pensar en el conjunto de los recursos. Y para movilizar el conjunto de los recursos de la ciudad es necesaria una cooperación entre el sector público y el sector privado.

Una vez más aquí aparece la necesidad de redefinir las relaciones entre Estado, mercado y sociedad civil a través de mecanismos que incentiven el desarrollo productivo local y las oportunidades de empleo. Tal es el caso del impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos cooperativos, mutuales y otras formas de economía social. Los gobiernos locales debemos estimular un mayor diálogo e intercambio entre estos tres sectores, poniendo a disposición nuestra experiencia organizativa, brindando asesoramiento, asistencia técnica y financiera y facilitando el acceso al crédito.

En un mundo globalizado en el que las posibilidades de empleo digno están limitadas por un horizonte de desempleo estructural, de desmantelamiento de los sistemas de protección social y en donde gran parte de la riqueza se reinvierte en el sistema financiero, convocamos al diseño de estrategias locales de empleo basadas en consensos políticos y sociales.

Transparencia y control ciudadano de la administración

Es nuestra responsabilidad garantizar la transparencia de los actos de gobierno. Como gobernantes, no sólo debemos dar el ejemplo con nuestras conductas, sino habilitar los instrumentos de control y regulación públicos necesarios para garantizar que nuestros recursos y nuestras energías se destinen a resolver realmente los problemas de la gente.

Existen instrumentos aptos para hacer transparente la acción del Estado. En este sentido, tanto los procesos de descentralización que promueven controles ciudadanos como la transformación de la cultura organizacional y un sistema de información accesible, constituyen verdaderas estrategias preventivas, favoreciendo la transparencia y evitando la corrupción. El proceso de transformación de la cultura organizacional supone la formación continua de nuestros funcionarios públicos, generando espacios de discusión para que todos ellos se apropien de los objetivos de la gestión.

Es necesaria una gestión previsible, que trascienda los limitados períodos de gobierno. Así, resulta imprescindible contar con una planificación estratégica, información de calidad e interpretaciones científicas sobre esa información. También es indispensable vincular los datos de la realidad a las políticas que permitirán avanzar en la dirección deseada. Para realizar el balance entre lo que nos queda por hacer y lo que vamos logrando, cada vez se requiere de más y mejor información. Los sistemas de indicadores urbanos ayudan en esta tarea al describir, monitorear y evaluar el estado de nuestras ciudades siendo un instrumento clave para la planificación de las mismas. Saber qué sector está más afectado y hacia qué áreas dirigir los recursos es vital para poder aplicar con éxito políticas que tiendan a la equidad.

Tenemos el compromiso de promover ciudades solidarias. En el marco de un sistema que nos quiere imponer la competitividad económica y el ajuste fiscal como únicas medidas de la buena marcha de nuestras administraciones, creemos que se debe medir el progreso de la ciudad en términos de mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil, cantidad y calidad de espacio público, acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. En lugar de gestionar localmente el discurso catastrófico de la deuda, el ajuste y el estancamiento, nuestra decisión como ciudades gobernadas por socialistas debe ser asumir políticas que tiendan a reequilibrar y redistribuir. Esta tarea requiere mucho tiempo y muchas personas convencidas de orientar la gestión hacia la gente.

Sabemos que la información puede ser manipulada. Sabemos también que la información no es neutra. La decisión de cuáles indicadores se toman, cómo se calculan y se presentan, y sobre todo cómo se utilizan, responde a una ideología. Nuestra opción es tomar a las personas como medida de nuestras preocupaciones. Proponemos entonces la construcción de sistemas de indicadores confiables que muestren las tendencias de la ciudad en términos de la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Los indicadores de calidad de vida urbana, confiables y comparables, nos ayudan entonces a tomar conciencia sobre nuestros principales problemas y a planificar las acciones tendientes a superarlos. Creemos necesario impulsar la construcción de estos instrumentos en el marco de una administración descentralizada y participativa. Queremos una ciudad democrática, una ciudad abierta, una sola ciudad para todos. Esto también se logra con el acceso democrático a la información. La información debe ser usada y compartida, de esta manera también estaremos haciendo "más ciudad para más ciudadanos". Por nuestra parte, nos comprometemos a establecer nuestros propios indicadores de calidad de vida de las ciudades bajo administraciones de gobiernos socialistas.

El siglo XXI debe ser el tiempo de la realización del compromiso fundamental de la Internacional Socialista en todas nuestras ciudades, el de la "globalización de la solidaridad".

 

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