IS condena golpe militar en Myanmar
2 febrero 2021
La Internacional Socialista condena enérgicamente el golpe militar en Myanmar el Lunes 1º de febrero, y hace un llamamiento a la inmediata liberación de los líderes políticos detenidos por los militares en flagrante violación del Estado de Derecho. Como una organización en la cual el desarrollo y fortalecimiento de la democracia global es un objetivo fundamental, esta medida representa un severo revés. Esta ilegítima toma del poder ha ido acompañada por medidas para restringir las telecomunicaciones en Myanmar y se temen otras restricciones a las libertades individuales y derechos humanos.
No puede haber una vuelta a los años de la dictadura militar en Myanmar. A pesar de que se ha logrado un cierto grado de progreso democrático en el país en años recientes, incluyendo la celebración de elecciones en 2015 y más recientemente en noviembre 2020, los militares han mantenido su poder e influencia bajo la constitución del 2008, la cual reserva el 25% de los escaños en el parlamento y tres ministerios para oficiales del ejército. Este golpe ocurre a sólo meses de la confirmación, a través del proceso electoral, de que la enorme mayoría de los ciudadanos birmanos desean ver un liderazgo civil en su país.
En momentos en que el futuro democrático de Myanmar se encuentra amenazado, es importante tener en cuenta la difícil situación allí del pueblo Rohingya, que ha sufrido inmensamente en años recientes. Las fuerzas que han derrocado al gobierno de Myanmar elegido democráticamente son cómplices de las atrocidades a los derechos humanos y limpieza étnica cometidas en la provincia de Rakhine, las que desgraciadamente fueron defendidas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por Aung San Suu Kyi. Existe el grave peligro de que la situación, que ya es desesperada, podría empeorar para los 600 mil Rohingyas que aún permanecen en la provincia. La comunidad internacional debe estar preparada a intervenir para prevenir otra catástrofe humanitaria y asegurar los derechos de los Rohingyas en Myanmar y los más de 700 mil refugiados actualmente abandonados a su suerte en el vecino país Bangladesh.
El golpe del 1º de febrero no ha sido el primero en la historia de Myanmar pero, por el bien del futuro bienestar y prosperidad de sus ciudadanos, éste debe ser el último. Además de la inmediata renuncia al poder de los responsables y el restablecimiento del gobierno civil, Myanmar necesita otras reformas para asegurar que los militares no ejerzan el poder político. Los responsables del golpe y de las violaciones de los derechos humanos en Myanmar deben rendir cuentas, mientras que los presos políticos que han seguido privados de libertad desde 2015 deben ser puestos en libertad. Las medidas para eliminar el control que aún ejercen los líderes militares sobre el país, asegurar la rendición de cuentas y garantizar los derechos de la oposición política, son un requisito previo para la transición de Myanmar hacia la democracia plena, que se ha retrasado desde hace mucho tiempo, con igualdad de derechos para todos sus ciudadanos, independientemente de sus convicciones religiosas o grupo étnico.