Nicaragua víctima contemporánea del poder absoluto

Ya desde los graves sucesos de abril 2018, de violenta represión del gobierno de Daniel Ortega a las protestas sociales que dejaron cientos de víctimas fatales,  entre millares de ciudadanos que se manifestaron en calles y ciudades del país para hacer escuchar su voz por sus derechos, en Nicaragua se irguió la sombría voluntad del autoritarismo.

Es dentro de esta dimensión, que un número de ciudadanos en oposición al régimen hicieron conocer sus aspiraciones de presentarse como candidatos presidenciales a las elecciones del 7 de noviembre próximo, y terminaron en prisión. Hoy se encuentran 37 opositores arrestados, entre ellos siete que habían hecho saber sus intenciones de ser candidatos a la presidencia.

Hoy, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, están inscritos como candidatos a presidente y a vicepresidenta del país y junto a ellos se encuentran otras cinco listas que fueron aceptadas por las actuales instancias electorales que supervisarán las elecciones.

La Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos se han expresado de modo oportuno y reiterado su preocupación por estos desarrollos, los que inciden en que las elecciones difícilmente puedan ser consideradas como libres, justas y transparentes, frente a denuncias de persecución selectiva en el país. La Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN) en una declaración reciente subrayaba que un estado democrático se caracteriza por la sujeción irrestricta a la ley por parte de sus autoridades y la separación de poderes. En Nicaragua estos pilares elementales del Estado de Derecho se desconocen en la actualidad y se debilitan cotidianamente.

Todo aquel que exprese y promueva una posición distinta a la propugnada por el régimen es considerado un adversario no ya del gobierno sino de la nación y muchos han sido perseguidos por actos contra la soberanía y traición a la patria. Una fiscalía obsecuente y controlada por el gobierno se encarga de promover estos procesos. El mundo del arte y la cultura tampoco han salido indemnes de esta irrefrenable oleada persecutoria.

Las violaciones de derechos humanos de miles de nicaragüenses en abril de 2018, hicieron ya entonces que la IS denunciara públicamente la violencia estatal que llevó a la muerte finalmente a cientos de ciudadanos inocentes e instara a que los hechos fueran esclarecidos y las responsabilidades establecidas. La preocupación de la IS por Nicaragua y su compromiso en orden a dar seguimiento a los graves hechos de abril de 2018, se vio sucesivamente reflejada además en su declaración sobre la situación en Nicaragua del 23 de abril, posteriormente por la resolución de su Comité para América Latina y el Caribe en mayo y por la declaración de su Consejo de Ginebra en junio, todas el mismo año 2018. Finalmente en su Consejo en Santo Domingo, con la participación de representantes de sus partidos miembros de todos los continentes en enero de 2019, la Internacional Socialista decidió la expulsión del FSLN por graves violaciones a los derechos humanos y los valores democráticos en su país.

Hoy, a dos semanas de los comicios, la IS nuevamente reitera su rechazo al intervencionismo del gobierno y condena la represión que éste viene desplegando en todo el país sobre la sociedad nicaragüense en su conjunto. Los regímenes de partido único y la restricción de libertades y derechos fundamentales de las personas son incompatibles con la democracia y contrarios a los principios que inspiran a la Internacional Socialista.