Protegiendo la libertad de expresión
2 febrero 2015
La Internacional Socialista expresa una vez más su seria preocupación ante las medidas tomadas por las autoridades turcas que violan los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos y que no tienen cabida en una verdadera democracia.
El juicio y la condena a seis años de prisión del Presidente del Colegio de Abogados de Tunceli, Ugur Yesiltepe, junto a otras seis personas, por ejercer sus derechos democráticos, entre ellos la libertad de expresión, son totalmente inaceptables. Esta es la primera vez desde el golpe militar de 1980, que un presidente del Colegio de Abogados Turcos es condenado a prisión.
Los fiscales alegaron que a través de su trabajo, sus escritos y su participación en manifestaciones en la provincia de Tunceli, Yesiltepe estaba envuelto en actos terroristas. La Unión de Colegios de Abogados Turcos y todos los otros Colegios Provinciales de Abogados, han emitido declaraciones condenando el veredicto y dando su apoyo a Ugur Yesiltepe.
La Internacional Socialista protesta igualmente ante la moción presentada contra Veli Agbaba, Vicepresidente del partido opositor miembro de la IS, Partido Republicano del Pueblo, CHP, basándose en una “sospecha razonable”, tras las acusaciones de corrupción del partido gobernante hechas por Agbaba. Un reciente cambio en la legislación de Turquía permite la detención de personas y la incautación de sus bienes basándose en una mera “sospecha”, en lugar de una “firme sospecha basada en pruebas concretas”. El fiscal en este caso ha solicitado una gama de sentencias de prisión para Agbaba, las que van desde un año y nueve meses hasta un máximo de ocho años y cuatro meses.
La libertad de expresión es un derecho fundamental en toda sociedad democrática, garantizado por la Constitución en todos los estados donde existe una verdadera democracia, y consagrado y protegido en la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH). Estas acciones son una clara violación a la libertad de expresión por parte de un gobierno que evidentemente reprime a su poder judicial y torna inoperable el principio de revisión judicial de la política y práctica de gobierno.
