La primera condición para ser una democracia, es ser un Estado, que presupone la idea de autodeterminación que se proyecta a la dimensión internacional. Nunca será posible que una sociedad concrete una democracia si se encuentra dominada o controlada desde el extranjero, donde en última instancia se toman las decisiones importantes vinculadas a su propio interés, incluso las relacionadas con la identidad nacional y cultural.
En nuestro presente no resulta sencillo definir los significados de la independencia y de la soberanía. Luego de la gran tarea de descolonización, comienzan a imponerse nuevas formas de dependencia que parecen generar una organización mundial desde la que no se avizoran sino nuevas y cada vez más insoportables exigencias para los miembros más débiles del sistema internacional. Sus secuelas son bien conocidas: la reducción de la independencia política de los menos poderosos y un orden económico crecientemente injusto.
Así, la inviolabilidad de los derechos civiles en el orden doméstico de los países centrales, no siempre se proyecta al orden internacional en el respeto de los derechos de los pueblos a la autodeterminación. La prédica igualitaria en el mensaje interno no se prolonga en la versión externa de la igualdad de los Estados y del consecuente respeto a sus soberanías.
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe (SICLAC) aspira a que las convicciones que alientan la lucha sociademócrata no se paralice en las fronteras de ningún país, de modo que todos se comprometan a bregar por la justicia universal, en tiempos en que la insensatez que tiende a dominar el escenario internacional, se manifiesta crudamente en la situación económica mundial, que acentúa la brecha que separa a un centro cada vez más poderoso de una periferia cada vez más empobrecida.
Pero, por otra parte, así como no hay democracia sin independencia nacional, no hay independencia real mientras no exista un control efectivo del Estado sobre los problemas internos de los países, que suele debilitarse y hasta perderse como consecuencia de intereses ajenos a los de las mayorías. Siempre se supo que no alcanzaban las libertades negativas, así llamadas porque protegían al ciudadano frente al Estado. El problema es que tienden a desaparecer las libertades positivas protectoras de los derechos sociales.
Frente a quienes insisten en el uso del concepto de sociedad civil, se hace destacar que la acepción que prefiere el neoconservadurismo es sinónimo de una esfera no estatal, garantizada legalmente para evitar la intromisión del Estado; pero, eso sí, dominada por el poder económico y, en los países periféricos, por las familias tradicionales. Un dominio, éste, al que "naturalizan" consagrando un estatuto de las desigualdades sociales. El neoconservadurismo quiere el tipo de libertad que mantendrá las desigualdades existentes y -si las condiciones sociales y la acción política lo permiten - reinstaurar las desigualdades eliminadas por un siglo de reformas sociales. Habría un campo vedado, o agotado, para la política, la que no podría ya traspasar ciertos límites. Para los que creen que la política es, al menos antes que nada, deliberación, la idea se presenta como absurda. La sociedad apolítica no sería una deformación producto de la extensión de actitudes anómicas, apáticas, egoístas, o simplemente negligentes, sino algo por lo que vale la pena luchar, una conquista a realizar.
Pero esta observación no implica que no sea positiva la aparición de las más diversas organizaciones intermedias que siempre generan importantes y diversas formas de participación. Frente a ellas, los partidos políticos deben tener una actitud cooperativa, evitando la competitiva, aun cuando deben procurar que se entienda que las auténticas soluciones nacionales deben estar vinculadas a análisis multidisciplinarios que a veces reclaman consensos, incluso entre esos tipos de movimientos. Por lo demás, SICLAC, otorga una importancia fundamental al denominado Tercer Sector de la economía, que además de las ONG comprende a cooperativas, mutuales y al voluntariado en general insustituibles en la generalización de una práctica solidaria y en la lucha contra la desocupación.
La situación se ha tornado inviable para una gran parte de los pueblos y el problema abarca al proletariado y a la clase media, mientras se dificulta la redistribución y aumenta en forma alarmante la desocupación y la deuda.
Hoy existe la necesidad de ampliar el concepto de ciudadanía a través del reconocimiento del derecho a la inclusión, basado en la idea de inserción e integración social. Esto implica vincular derechos sociales con obligaciones morales, experimentar nuevas formas de oferta de trabajo; perfeccionar los sistemas educacionales y de formación profesional y desarrollar un espacio intermedio entre empleo asalariado y actividad social, cuyo objetivo debe ser combatir la exclusión, que elimina la autoestima e imposibilita la participación. Así se alejará el peligro del populismo, grave deformación de la democracia, producto de sus fallas y de sus límites, instrumento útil para movilizar demagógica y engañosamente a sectores desposeídos y postergados, y que siempre, desde el punto de vista de la libertad, constituye una regresión.
SICLAC proclama que el derecho a las libertades individuales es una trampa si deja de preocupar la igualdad. Igualdad política que supone distribución económica y distribución del conocimiento. No es posible separar la libertad de la igualdad. El dogmatismo de las teorías neoliberales está en pensar que sí lo es y en sostener que ambas son contradictorias y excluyentes. Sin embargo, bien se sabe -y se sabe porque no deja de recordarlo la realidad-, que no basta proclamar y asegurar constitucionalmente y con leyes positivas, la libertad civil y política de los ciudadanos. SICLAC sabe que ese reconocimiento puede ser sólo formal, ya que el uso que puede hacer de ella el marginado y desposeído no es el mismo que le es dado al ciudadano satisfecho. Es cierto que hace falta un buen número de libertades negativas para poder ejercer positivamente la libertad, así como proteger del despotismo o la arbitrariedad, pero esa garantía no es suficiente. Sin educación, sin salud, sin trabajo, sin todo aquello que hace de una persona una persona normal, es muy difícil gozar de la libertad.
De esto se deriva una importante conclusión ética: las oportunidades para alcanzar tales bienes tienen que distribuirse equitativamente entre ellas, por lo que el proceso democrático adquiere la extraordinaria importancia de ser un requisito de la justicia distributiva.
Por otra parte, la participación que genera impulsa procesos que promueven virtudes ciudadanas que siempre han sido consideradas indispensables para el establecimiento de un buen sistema político.
SICLAC destaca la relación existente entre libertad de expresión y participación, puesto que hace a su naturaleza que las decisiones colectivas se tomen en el marco de un amplio debate y discusión públicos, lo que lleva a una concepción más amplia de la libertad de expresión, que muestra dos dimensiones: una negativa y otra positiva. En función de la primera debe prohibirse toda acción que la menoscabe, como por ejemplo la censura, la clausura de medios, la persecusión de periodistas, o presiones de cualquier tipo. Su correlato es la obligación de difundir información veraz y objetiva, sin perjuicio del respeto a la libertad de opinión del emisor. La segunda, importa una acción positiva del Estado tendiente a procurar la mayor pluralidad posible en materia de información. El derecho a la información comprende el de investigar, recibir y difundir información y opiniones a través de las distintas clases de medios.
SICLAC coincide con quienes sostienen que una comunicación monopólica u oligopólica es propia del autoritarismo, mientras que una circulación múltiple de la información es un instrumento indispensable de la democracia, así como que un adecuado equilibrio entre los medios comerciales, comunitarios y gubernamentales satisfaría el requerimiento de una discusión más libre y racional y evitaría que por su omisión se fortalezcan los intereses alejados de las ideas mayoritarias.
El sentido de la responsabilidad implica la voluntad de participación, que es un movimiento destinado a agrandar los espacios de libertad, de bienestar y de relación humana. No puede ser impuesto desde factores externos a la vida misma de los que participan, pero necesita del estímulo y del apoyo del conjunto de las instituciones públicas y privadas.
Es un movimiento que provoca cambios en la mentalidad colectiva y, consecuentemente, en las instituciones. Estos cambios están dirigidos a promover la integración de los ciudadanos entre sí, así como entre éstos y sus organismos representativos y a recuperar la solidaridad y el sentido de unión nacional.
El concepto de esta democracia participativa representa una extensión e intensificación del concepto moderno de democracia, y no se contrapone en modo alguno al de democracia. Toda democracia es formal, en tanto implica normas y reglas para contener, delimitar y organizar la actividad política y el funcionamiento de las instituciones del Estado y de la sociedad. Y toda democracia, por definición, implica también la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas. Recordar que en Atenas, quien no participaba activamente en los problemas de la ciudad era considerado un idiota. Del mismo modo, un pueblo que ya no quiere nada, que ignora lo que quiere y que no es capaz ya de desear, se convierte en un pueblo pronto a abrazar cualquier ideología. La crisis social estriba en esa potencialidad.
SICLAC insiste en que la democracia se afirma sobre dos pilares: libertad e igualdad. Está de acuerdo con quienes sostienen que la igualdad se basa en mecanismos de redistribución que logren efectivizar una reasignación permanente de los bienes primarios e igual acceso a los servicios colectivos: vivienda, educación, salud, etc.; así como con quienes afirman que si bien existe la justicia como valor absoluto, el contenido de la ética social, o sea, el conjunto de valores que privilegia una sociedad determinada, que varía según las circunstancias, se concreta en la ley, que debe expresarlos. Y el hecho de que la ley concrete a esos valores, supone la existencia de la democracia y el Derecho que ella crea abre un camino reformista hacia el socialismo democrático al construir la legalidad que expresa los deseos de la sociedad y recibir de ella, la correspondiente legitimidad.
SICLAC cree que, en última instancia, la injusticia social y la necesaria transformación de las estructuras económicas y sociales, se debe a desajustes morales: egoísmo, avaricia, falta de amor en el hombre, cuya reforma no podrá ser hecha sino a través de la educación, que promueva una moral austera, tolerancia, honestidad intelectual, sentido de responsabilidad, dignidad y fundamentalmente la comprensión del valor sagrado de la persona. El reordenamiento democrático precisa del concurso de todos desde su lugar de trabajo y desde su respectivo grado de responsabilidad para hallar marcos de acción común tanto en la distribución de los recursos como en la generación de los mismos. Reglas de convivencia, valores consensualmente aceptados, cursos de acción compartidos, hacen a la esencia de esta actual etapa forjadora, con miras a un horizonte abierto que ya se vislumbra, pero demasiado lejanamente.
El llamado a una convergencia de fuerzas políticas y a la concertación de fuerzas sociales en el marco de un pacto democrático fundante de esta nueva etapa no hace más que interpretar el anhelo y las expectativas centradas por los pueblos en este momento histórico. Para encarar estos desafíos se precisa una nueva capacidad colectiva de cooperación y participación, dispuesta a remover antiguas taras, estructuras injustas y comportamientos caducos. Hacen falta transformaciones profundas y SICLAC está dispuesto a llevarlas adelante, con la voluntad popular decidida a realizarlas y consolidarlas.
El sistema representativo hace que no haya democracia sin partidos, sin actores propiamente políticos. Se ha dicho que los acuerdos entre distintos partidos, diluyen los aspectos más "innegociables" de cada uno, o que los llevan a una actitud centrista. SICLAC piensa, no obstante, que los acuerdos interpartidarios comienzan a hacerse necesarios, para adquirir la eficacia imprescindible a fin de defender los componentes democráticos de la institucionalidad, sobrepasados por la influencia de los sectores económicos más importantes y por los medios masivos de difusión que se ponen a su servicio. Esto, por supuesto, está referido a lo que comúnmente se denominan partidos "progresistas", vocablo sin duda ambiguo, pero suficientemente expresivo de lo que se intenta decir aquí, puesto que los ubicados en la derecha se acomodan con más plasticidad a la nueva situación, mientras otros adoptan formulaciones híbridas de populismo o "qualunquismo".
SICLAC reitera que su concepción de una sociedad justa, pensada como alternativa a la crisis, supone un pacto social que se articula a través de la proyección de dos principios: el de la libertad y el de la igualdad. En este sentido, es necesario tener presente que el valor de la libertad depende de cómo ella está distribuida y que el valor de la igualdad depende de qué es lo que se distribuye en forma igualitaria. Por un lado, todos tienen el mismo derecho a gozar efectivamente de la libertad; por otro, la distribución igualitaria debe comprender todos aquellos recursos necesarios para el ejercicio pleno de la libertad. De este modo, la aparente tensión entre libertad e igualdad se supera a través de una distribución igualitaria de la libertad.
Este es el núcleo de una ética de la solidaridad. La libertad equitativamente distribuida implica el deber de mejorar la situación de los menos favorecidos. Supone además, un enfoque amplio de los derechos humanos. Ellos se violan no sólo por agresiones directas sino también por la omisión de proporcionar los recursos para una vida digna y autónoma. SICLAC coincide con quienes señalan la imposibilidad de compatibilizar la igualdad con una concepción económica que impulsa cada vez mayores desigualdades.
En muchos aspectos, cualquier sociedad ha sido y hasta cierto punto continúa siendo una sociedad fuertemente influida por el egoísmo de sus clases dirigentes; incluso un cierto pensamiento individualista cree aún que la armonía social es posible fomentando ese egoísmo. Ese egoísmo ha debilitado la solidaridad social, generando situaciones de desamparo y miedo que han hecho a las personas particularmente permeables a las pseudosoluciones mesiánicas -populistas y otras-, en las que el individuo aislado busca una instancia en la cual reconocerse y bajo la cual protegerse. El egoísmo ha sido así caldo de cultivo tanto del autoritarismo pseudoliberal como del mesianismo populista. Contra esos callejones sin salida se impone afirmar una ética de la solidaridad, que procure poner de relieve la armonía de la innovación, desvirtuada tantas veces por el egoísmo.
SICLAC entiende que una ética de la solidaridad implica que la sociedad sea mirada desde el punto de vista de quien está en desventaja en la distribución de talentos y riquezas. En una sociedad con creciente complejidad, donde chocan múltiples intereses y en la que han caducado los mecanismos corporativos de relación social, es preciso imaginar y construir un sistema de equidad social en la organización democrática de la sociedad y de igualdad en la búsqueda de la realización personal.
Es aquí donde acude a la idea del pacto democrático, esto es, de un acuerdo que al tiempo que salvaguarde la autonomía de los sujetos sociales, defina un marco compartido en el interior del cual los conflictos puedan procesarse y resolverse y las diferencias coexistan en un plano de tolerancia mutua. Para presentar una versión válida del pacto democrático efectivamente conciliable con una ética de la solidaridad es necesario enriquecer y, por lo tanto, redefinir la noción tradicional de ciudadano -o de ciudadanía-, reconociendo que ella abarca, además de la igualdad jurídico-política formal, otros muchos aspectos, conectados con el ser y el tener de los hombres, es decir, con la repartición natural de las capacidades y con la repartición social de los recursos. Es claro, hay una distribución natural desigual. Hay, asimismo, una distribución social e histórica desigual de riquezas, status y réditos. Esas desigualdades acarrean consecuencias que son incoherentes o contradictorias con el hecho de reconocer a cada ciudadano como miembro con igual dignidad en el seno de la cooperación social.
Este reconocimiento amplía el significado de los derechos humanos, que no sólo son violados por las interferencias activas contra la vida, la libertad y los bienes de las personas sino también por la omisión al no ofrecer las oportunidades y recursos necesarios para alcanzar una vida digna. Un pacto democrático basado en esa ética de la solidaridad supone la decidida voluntad de que esté sustentado en condiciones que aseguren la mayor justicia social posible y, consecuentemente, reconoce la necesidad de apoyo a los más desfavorecidos.
SICLAC propugna una indispensable modernización que esté en concordancia con las premisas y condiciones del proyecto de sociedad que propone. Quiere poner en marcha un proceso modernizador tal que tienda progresivamente a incrementar el bienestar general, de modo que la sociedad en su conjunto pueda beneficiarse de sus frutos.
Una modernización que se piense y se practique pura y exclusivamente como un modo de reducir costos, de preservar competitividad y de acrecentar ganancias es una modernización estrecha en su concepción y, además, socialmente injusta, puesto que deja por completo de lado las consecuencias que los cambios introducidos por ella acarrearán respecto del bienestar de quienes trabajan, y de la sociedad en su conjunto.
Frente a una modernización que se basa en el refuerzo de los poderes privados, y otra que se basa en el refuerzo de los poderes del Estado, la modernización en democracia y en solidaridad supone reforzar los poderes de la sociedad, autónomamente constituidos.
Descentralizar el funcionamiento del Estado significa al mismo tiempo abrirlo a formas de participación que serán tanto más consistentes cuanto mayor sea su grado de desconcentración. Descentralizar es un movimiento no sólo centrifugo sino también descendente, que baja la administración estatal a niveles que pueden reservar a las organizaciones sociales intermedias un papel impensable en un sistema de alta concentración.
Esto permite que los ciudadanos participen de decisiones que los afectan en instituciones inmediatas a su propia esfera de acción. En la medida en que esas instituciones tengan poder efectivo, esta participación no será un mero ejercicio cívico sino que tendrá efectos importantes para la vida de los individuos, que asumirán con más profundidad su papel de actores y -por lo tanto- de custodios del sistema democrático.
La democracia es, en definitiva, la lucha permanente por la extensión y profundización de los derechos humanos, y en este momento particular de la historia, cuando se inicia una nueva etapa en la organización del trabajo colectivo, signada por la incorporación de tecnologías que modifican de cuajo métodos y estructuras vigentes en los siglos anteriores, deberá ser también la regla de convivencia entre los distintos pueblos y regiones del mundo.
No podrá haber democracia sólida y duradera para cada sociedad en particular si la organización política y económica internacional no se rige por los mismos principios y valores. La coexistencia de pueblos ricos y pueblos pobres, de pueblos organizados libremente y de pueblos sometidos al autoritarismo, es incompatible con el funcionamiento de una sociedad internacional pacífica y armónica, una sociedad que ya los mecanismos de interrelación económica y los modernos sistemas de comunicación han convertido en realidad inapelable. Esa sociedad internacional, que comprende por primera vez en la historia al conjunto de la humanidad, interrelacionada e interdependiente de una manera tan global e irreversible, debe ser también una sociedad solidaria.
Si la defensa de los derechos humanos implica no sólo la oposición a las interferencias activas en perjuicio de la vida, la libertad y la integridad de los individuos, sino también la disponibilidad de recursos y oportunidades para que ellos puedan desplegar al máximo sus capacidades, las relaciones entre los pueblos no pueden ni deben basarse sobre una desigual distribución de recursos y oportunidades para su desarrollo. El actual orden económico internacional, en tanto traba o limita el crecimiento de tantos pueblos de la Tierra, es un orden que poco se compadece con los derechos humanos y con los ideales de la gran revolución democrática en la que nos hallamos enrolados.
SICLAC reafirma su utopía: desea una democracia en la que todos posean los medios indispensables para accionar políticamente en un nivel tolerable de igualdad, garantizando a todos ciertos derechos, oportunidades y obligaciones necesarias para que exista.
Lo que quiere construir y proteger se define por ser un Estado Soberano, un Estado de Derecho que respeta la división de poderes; que protege a los hombres y mujeres que habitan la tierra; que garantiza la posibilidad de la alternancia; que tenga en cuenta la diversidad y pluralidad propia de una sociedad moderna, que reconozca y trabaje sobre las condiciones que generan y profundizan las desigualdades y exclusiones. Que sepa que si niega la diversidad pervierte autoritariamente a la democracia; si niega o especula mezquinamente con la existencia de desigualdades, exclusiones e injusticias, se queda sólo con la cáscara democrática de las instituciones.
Así concebida, la sociedad es el cimiento sobre el cual se debe construir y fortalecer la libertad, la igualdad y las reformas económicas. Porque una sociedad es una comunidad de hombres y mujeres respetados y que respetan a los demás; que son ciudadanos porque son capaces de expresar su voluntad y asociarse para ello. La ciudadanía no es una condición pasiva, es una oportunidad, una posibilidad de llevar una vida activa, plena de participación y responsabilidad en el proceso político, en el mercado laboral y en la sociedad. Las mujeres y hombres de nuestras regiones que trabajan, viven, sufren y sueñan en ella tienen, como ciudadanos, un papel fundamental para cumplir en la consolidación de la incipiente democracia; pero necesitan ver esa democracia más de cerca, encarnada en sus experiencias de cada día, en la calidad material y espiritual de sus vidas, en sus relaciones cara a cara con los demás, en el trabajo y en el reposo; en la plaza pública, en la inmediatez de la calle que día a día recorren, del barrio que los alberga, en la cotidiana y a menudo olvidada vivencia de lo cercano y lo familiar. Por eso la democracia amplia, profunda y participativa que se quiere, tendrá que ser una democracia vivida y ejercida diariamente por todos.
