Original: inglés
El poder judicial de Turquía ha tomado la deplorable decisión de lanzar una investigación contra el Sr. Kemal Kilicdaroğlu, líder del principal partido de oposición de Turquía, Partido Republicano del Pueblo (CHP). El abogado por la acusación pública ha pedido la revocación de la inmunidad del Sr. Kilicdaroğlu a fin de acusarlo con ‘tratar de influenciar un proceso imparcial’, luego de los comentarios hechos por el Sr. Kilicdaroğlu luego de realizar una visita a dos Miembros del Parlamento electos del CHP, Sr. Mustafa Balbay y Sr. Mehmet Haberal, quienes han sido mantenidos en prisión sin juicio previo por varios años como sospechosos en el caso Ergenekon.
Esta acción del abogado por la acusación pública es la última medida tomada dentro de una larga represión contra cualquier voz discrepante desde 2007. La lista va desde estudiantes que demandan educación gratuita hasta activistas medioambientales que luchan contra las plantas de energía hidroeléctrica en la región del Mar Negro. En Turquía existen hoy más de 3.500 sitios Internet prohibidos por orden de la Corte. De acuerdo con la Asociación de Periodistas Progresistas, actualmente hay más de 60 periodistas en prisión. Además, decenas de funcionarios electos del BDP son siendo detenidos como parte del notorio juicio KCK que ha estado teniendo lugar desde el año 2009. A continuación del referéndum del 12 de septiembre de 2010, que contó con el apoyo de muchos en Europa, con el cual se insistió había hecho al poder judicial más independiente y con una composición más representativa, el poder judicial sin embargo pasó a estar más ligado al gobierno. Lamentablemente, la separación de poderes ya no existe en Turquía: la rama judicial ha sido arrebatada por la rama ejecutiva.
La libertad de expresión es un valor fundamental de las sociedades democráticas y todo acto contra esta libertad es inaceptable para los socialistas, socialdemócratas y las fuerzas progresistas alrededor del mundo.
El gobierno de Turquía debe respetar la libertad de expresión y la independencia del poder judicial y proteger los valores democráticos y los derechos humanos en Turquía.
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