Una Misión de la Internacional Socialista visitó Caracas del 20 al 23 de enero de 2010, encabezada por su Secretario General Luis Ayala, y compuesta por Peggy Cabral del PRD de República Dominicana, Renée Fregosi del PS de Francia, Paulina Lampsa del PASOK de Grecia, Emilio Menéndez del Valle del PSOE de España y Jesús Rodríguez de la UCR de Argentina.
Los miembros de la Misión sostuvieron una serie de encuentros con:
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los partidos miembros de la IS o cercanos a la organisación: AD, MAS, PODEMOS y UNT;
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el conjunto de los partidos miembros de la Mesa de Unidad Democrática: el grupo mencionado más arriba además de la ABP, COPEI y Primero Justicia;
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representantes de la Iglesia Católica: el Cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo de Caracas y otros miembros de la Conferencia Episcopal;
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la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha;
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las organizaciones estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela;
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los dirigentes de las centrales sindicales CTV y FUT, y los sindicatos de la prensa: SNTP y FIP;
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empresarios y dirigentes de la organización patronal FEDECAMARA;
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personalidades de izquierda, entre ellos, Teodoro Petkoff y otros intelectuales;
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representantes de importantes medios (los diarios El Nacional, El Universal y Ultimas Noticias, y algunas radios y canales de televisión privados), entre estos últimos, Globovisión;
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representantes de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de prisioneros políticos;
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representantes de la plataforma de ONGs, Alianza para la Democracia;
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el grupo de reflexión internacional de la Mesa de Unidad Democrática.
La Misión ofreció una conferencia de prensa que reunió a un gran número de medios, de la prensa escrita particularmente. Los miembros de la Misión fueron observadores de las dos manifestaciones que tuvieron lugar el sábado 23 de enero en conmemoración del 52⁰ aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez: manifestación de la oposición por una parte, y del oficialismo por la otra. Además, los miembros de la Misión sostuvieron individualmente conversaciones privadas con venezolanos de su conocimiento y con diplomáticos y residentes extranjeros. A pesar de las solicitudes formuladas en los preparativos de la Misión y reiteradas más tarde a lo largo de la estadía, la Misión lamentó la imposibilidad que encontró para reunirse con representantes del partido en el poder, el PSUV, y con la mayoría presidencial en la Asamblea Nacional.
A partir de los encuentros, reuniones y conversaciones con diferentes actores de la vida nacional política y social, la Misión realizó una reflexión colectiva (puntualizada regularmente con sesiones de trabajo sólo entre los miembros de la Misión), dentro de una profunda comunidad de espíritu y una notable convergencia de puntos de vista. De esta manera y rápidamente, se logró acuerdo en cuanto a una expresión firme pero independiente que debía mantener la Misión frente a sus interlocutores.
La IS se encontraba allí para observar y escuchar a los actores de la vida pública venezolana con el fin de precisar su propia visión de la situación de la democracia en el país. No se trataba en ningún caso de calificar a priori al gobierno del Presidente Chávez, ni de entrar en polémicas y la dinámica polarizante de la vida política local. Todo esto, reafirmando al mismo tiempo los valores de la IS y nuestra definición del socialismo democrático: democracia representativa, elecciones justas y transparentes, búsqueda del consenso social, el respeto a la oposición política y a las minorías, garantía de la libertad de expresión y de todas las libertades públicas e individuales sobre las que se basan las democracias modernas, la justicia social, la regulación de los Estados, la solidaridad internacional. En gran medida, la prensa se hizo eco, y con un gran rigor, de la presencia y de las declaraciones de la Misión.
En todas sus declaraciones, el portavoz de la Misión, Luis Ayala expresó su esperanza y su optimismo de ver a Venezuela recobrando el camino de la paz social gracias a una amplia participación ciudadana en las próximas elecciones legislativas de septiembre de 2010.
En estas elecciones legislativas, la oposición ha anunciado la presentación de candidatos únicos en cada circunscripción, cuyos nombres serán conocidos el mes de abril. Este tema de las próximas elecciones constituyó uno de los ejes centrales de la Misión: la necesidad de una búsqueda de acuerdos entre los actores políticos, la implantación de dispositivos sólidos de control electoral y de observación, pero también de inquietud en cuanto al establecimiento de nuevas divisiones de circunscripciones electorales en detrimento de la oposición y, por otra parte, las posibilidades de nuevas medidas que podrían entrabar la expresión de los ciudadanos.
En efecto, la apropiación del marco legislativo es un elemento clave del dispositivo gubernamental para asegurar su propia perpetuidad en el poder. En todas las áreas de sus intervenciones directas, el Presidente Chávez se preocupa de legalizar su acción: nuevas leyes son promulgadas por un Parlamento con una aplastante mayoría. De esta manera son legalizados procedimientos de expropiación (empresas, bancos, medios de comunicación, propiedades de bienes raíces), la creación de nuevas entidades administrativas (a nivel de ministerios, provincias, municipalidades), representativas (sindicatos, organizaciones patronales y estudiantiles) y ciudadanas (comités de barrios, de empresas, de administraciones públicas) y, por supuesto, nuevas medidas en materia electoral, judicial y administrativa. Algunas de estas nuevas leyes contravienen la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional, con mayoría absoluta del oficialismo.
Esta forma de imponer legalmente la voluntad del Presidente Chávez, fue subrayada por el conjunto de los interlocutores de la Misión. Otro hecho notable consiste en la coincidencia de las declaraciones de los diferentes actores sociales escuchados por la Misión: los temibles instrumentos de un mecanismo autoritario de nuevo tipo, de una democradura (gobierno de origen democrático con un ejercicio real autoritario) moderna, fueron descritos de manera recurrente y convergente a lo largo de las reuniones y entrevistas llevadas a cabo por los miembros de la Misión. Expresiones tales como: "rutina autoritaria", "criminalización de la contestación", "constitucionalismo revolucionario", "inseguridad e impunidad", "terror y corrupción", reaparecen frecuentemente en las exposiciones.
Dentro del fraccionamiento sistemático de las estructuras administrativas y sociales, el poder tolera ciertos espacios de libertad, reducidos en su número y extensión y, sobre todo, limitados a sectores que no tocan al gran público, las masas populares y las capas más pobres de la sociedad. Así, la prensa escrita, dirigida esencialmente a los intelectuales y a una parte limitada de la clase media, muestra una libertad de expresión asombrosa, a pesar de estar estrechamente vigilada y siempre bajo la amenaza de un agotamiento de las existencias de papel, al arrogarse el gobierno el control de la distribución (además de toda una otra serie de productos y servicios estratégicos, como el petróleo, la electricidad, la siderurgia, la construcción, la agroindustria, las telecomunicaciones y el sector bancario).
Si las actividades de la sociedad civil y de la oposición política no son prohibidas categóricamente ellas están controladas y limitadas, particularmente debido a un tipo de autocensura que se instala bajo la amenaza permanente de ataques verbales del Presidente y de los representantes del poder, y física por parte de grupos paramilitares, algunos de ellos manifiestamente a las órdenes del poder, otros que sobrepasan al Presidente "por su izquierda" y escapan de su control inmediato. La violencia de la cual son víctimas con regularidad la Universidad Central de Venezuela y otras universidades que intentan preservar la misión de formación profesional de alto nivel y el espíritu crítico de las generaciones jóvenes es, a este respecto, representativa del clima de inseguridad y de temor que reina en el país.
Como lo señala un manual de formación de trabajadores, publicado por un sindicato oficialista: "la violencia es el medio de implementación de las sociedades modernas (según Marx)”. Violencia, amenaza, intimidación, inseguridad, incertidumbre, inestabilidad de las leyes y de los procedimientos, constituyen el marco de la sociedad actual. Esto no solamente tiene consecuencias sobre la vida privada de la gente y sobre la vida ciudadana y política, sino también sobre la actividad económica nacional.
Resulta que, en efecto, una gestión centralizada arbitraria y a menudo ineficiente ha producido efectos desastrosos a nivel económico, con graves repercusiones sociales, particularmente para los más pobres. Con un 30% de inflación en 2009, Venezuela alcanza el índice más elevado del continente; con 15% del PIB, la producción de bienes manufacturados está en caída constante; desde finales del 2008 el país está en una recesión cada vez más acentuada; el sector industrial ha perdido el 36% de sus empresas, con la disminución proporcional de los correspondientes empleos; los ingresos del petróleo deben cubrir en su mayoría las importaciones y las inversiones de capital en el extranjero. Por último, la última devaluación, dividió por dos el ahorro y los ingresos de los venezolanos.
En la gestión global del país, la falta de concertación y la prevalencia de una lógica de confrontación en los diferentes sectores de la sociedad son de lamentar. Por otro lado, en el plano internacional, la política de confrontación con el vecino país de Colombia, por una parte, y la importación de conflictos de Oriente Medio, por la otra, se viven como serios riesgos de desestabilización regional y de amenaza a la paz.
Por último, varios interlocutores evocaron las responsabilidades y las fallas del sistema precedente que abrieron el camino a la situación actual.
Frente a esta realidad, la Internacional Socialista y sus partidos miembros tienen un deber insoslayable de solidaridad con la izquierda política y social de Venezuela.